Luego de las crecientes críticas a la reforma en la Ley del Infonavit, este miércoles el gobierno reviró con una serie de acusaciones sobre actos de corrupción ocurridas principalmente en el sexenio anterior de empresarios y trabajadores ligados con este instituto para la vivienda, con lo que defendieron la iniciativa legislativa.
Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum replicó a la oposición de esta iniciativa que con la reforma lo que se busca es que haya mayor transparencia y controles sobre los recursos para evitar casos de corrupción, además de permitir la construcción de vivienda de interés social.
La acusación principal es que tanto del sector empresarial como el de trabajadores se impide la fiscalización del fondo del instituto y destaparon una serie de actos de corrupción que no es posible castigar debido a la falta de auditoría, incluso dijo que obligaron al anterior directivo a ampararse contra sus resolutivos.
«Con esta reforma no solo se atacan actos de corrupción, una responsabilidad directa y transparente en manejo de recursos, sino que permitirá fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues aseguró que no se permite», agregó por su parte Octavio Romero, director del instituto.
El directivo expuso una serie de entramados en distintas índoles, por ejemplo, por el lado empresarial, señaló indemnizaciones muy por debajo de lo esperado en casos de incumplimientos, financiación de construcciones de vivienda sin estudios financieros que además presentan adeudos por más de 700 millones de pesos.
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En el caso del sector de Trabajadores, señala desarrollos inconclusos, autorizados entre 2016 y 2018. «A pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron dinero adicional ya no del fondo del Infonavit sino de los créditos de los trabajadores. Sin haber construido una vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero», relató.
Dijo que en este caso se está buscando resolver el problema a los trabajadores que se les cobró por una vivienda no entregada; «no pueden acceder a su crédito ni tampoco tienen acceso a la vivienda». Asimismo, se detectó una red delictiva entre trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores coludidos a fin de entregar múltiples créditos sobre una misma vivienda, entre otros actos de corrupción.
Las acusaciones ocurren en medio de una escalada de críticas a la iniciativa legislativa que será discutida hasta el próximo periodo. Desde el sector empresarial el argumento recurrente es que con ésta se debilita la gobernanza y la toma de decisiones en el organismo.
En los últimos días se pronunció al respecto Coparmex, quien aseguró que se altera la participación equitativa de los sectores gubernamental, laboral y empresarial. «Alterar este equilibrio pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas», señaló.
Desde Canacintra, su presidenta, Esperanza Ortega, mostró preocupación de que con esta iniciativa haya mayor peso del Gobierno en algunos comités del Infonavit. «No puede ser posible que no se entienda que el modificar sea para dejar al gobierno con el poder absoluto, las decisiones no van a ser cuidadas»,dijo ayer en una conferencia.
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Desde el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), su titular, José Domingo Figueroa, también alertó sobre la debilidad de los contrapesos dentro del instituto, poniendo en duda que esta iniciativa efectivamente pueda generar mayor transparencia.
Alertó que el Infonavit no tiene un buen historial en materia de inversión en construcción y consideró que el tema de rentar vivienda a perfiles de alto riesgo podría ser problemático.