Los cambios normativos aprobados en Les Corts Valencianes por el PP y Vox para reformar la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) han provocado una reacción contundente de siete organizaciones de la sociedad civil con implantación internacional, nacional y local. Transparencia International España, World Compliance Association Fundación, Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Acción Cívica y Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció sostienen que el parlamento valenciano “renuncia a la persecución de la corrupción” con las reformas normativas emprendidas que desnaturalizan un organismo creado en 2016 con el fin de combatir la corrupción y el fraude.
El último cambio, que acaba de entrar en vigor, ha sido la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, integrado por las citadas entidades, pero el desmontaje del modelo original de la Agencia viene de antes. “No es un mero ajuste técnico, es una declaración política: la renuncia definitiva a los mecanismos de control ciudadano y el desmantelamiento de las autoridades independientes que luchan contra la corrupción. Asistimos hoy a un claro atentado contra una institución que forma parte de los controles y garantías de la democracia. Por lo que resulta imprescindible que, como sociedad, nos posicionemos firmemente contra este retroceso y demandemos la restauración de una agencia verdaderamente autónoma, independiente y efectiva”, señala el comunicado conjunto.
Desde que el PP y Vox pactaron el Gobierno de la Generalitat en 2023, presidido por Carlos Mazón, el PP, la Agencia Antifraude, creada por Les Corts en 2016, cuando el Consell estaba gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, ha sido objeto de numerosos cambios. El primero fue suprimir la obligatoriedad de que su director fuera elegido por tres quintas partes del parlamento. Finalmente, el sustituto de Joan Llinares, cuyo mandato expiraba, fue el inspector de Hacienda Eduardo Beut, propuesto por el PP con la aquiescencia de la formación de ultraderecha, y con vínculos con los populares en el pasado. Se estrenó en el cargo con los ceses del que era el jefe de Investigación de la Agencia, Gustavo Segura (que fue propuesto a dirigir la Agencia por entidades cívicas) y de la directora adjunta y de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente.
Ahora se ha suprimido el Consejo que, “además de servir como canal de comunicación y rendición de cuentas entre la agencia y la sociedad civil, también era un espacio clave para asesorar en decisiones estratégicas en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana”, apunta el comunicado de las entidades. Era “el último órgano de contrapeso y control institucional que aún quedaba en pie”, agrega.
“Desde julio de 2024″, prosigue la nota en referencia a la fecha de posesión del nuevo director, “se han llevado a cabo una serie de reformas y cambios estructurales en la AVAF que han comprometido gravemente su misión y operatividad”. “El nuevo Código de Conducta, aprobado el 20 de mayo de 2025, marcó un punto de inflexión al contradecir los estándares internacionales de transparencia e integridad y rebajando estándares en comparación con el anterior”, destaca.
“Estas decisiones no solo suponen un golpe a los principios básicos de transparencia y gobierno abierto bajo los que el Consejo fue creado, sino que también desmantelan de manera definitiva el carácter independiente de la AVAF como institución para combatir la corrupción en la Comunitat Valenciana. Hemos venido denunciando todos los despropósitos normativos durante este último año y medio, y hoy debemos hacer un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia de la gravedad de esta situación y exija que las instituciones públicas actúen con integridad y compromiso hacia el interés común”, sostiene el comunicado. “Esta decisión legislativa no solo afecta a la Comunitat Valenciana sino a España como Estado miembro de la UE”, concluye.
El director de la Agencia, Eduardo Beut, siempre se ha mostrado refractario a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y con los juzgados de instrucción. La Agencia, por ejemplo, elaboró informes a petición de la jueza en el caso Erial, que acabó con la condena de 10 años de prisión por delitos vinculados a la corrupción del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su recurso contra la condena de la Audiencia de Valencia.