La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes una iniciativa a la Cámara de Diputados a fin de crear la Ley nacional para eliminar trámites burocráticos a través de la digitalización en el gobierno federal, estatal municipal y las alcaldías de la ciudad de México.
El artículo 67 del proyecto indica que cuando la Clave Única del Registro de Población (CURP) “cuente con los datos biométricos de su titular, tendrá el carácter nacional de identificación oficial”.
“En este caso, los sujetos obligados y particulares de cualquier naturaleza, tienen la obligación de aceptarla para todos los trámites y servicios, por lo que no se podrá solicitar algún otro documento de identificación adicional”, menciona.
El proyecto precisa que el gobierno federal deberá generar, actualizar o cancelar una llave. MX, como mecanismo de autenticación o identificación “como inicio de sesión único“ que estará asociado a la CURP.
La iniciativa apunta que “el documento nacional de identificación en su formato digital estará a cargo de la autoridad nacional“.
Se define como sujetos obligados a las dependencias, órganos, desconcentrados y entidades de la administración pública, federal, estatal, municipal y alcaldías de la ciudad de México.
Luego de su aprobación en el Congreso de La Unión, quedaría abrogada la Ley de mejora regulatoria que fue publicada en el diario oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.
El transitorio cuarto establece que a los 30 días de la entrada en vigor de este dictamen, se extinguirá, se extinguirá también la Comisión nacional de mejora regulatoria.
Subraya la iniciativa que esta legislación “no será aplicable en el ámbito fiscal, al ministerio público o procedimientos de las fuerzas armadas».
“Salvo en lo relativo a las obligaciones en materia de simplificación, digitalización y registro de trámites“, añade.
La iniciativa establece que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales “contarán con una autoridad local de simplificación y digitalización que será transversal para toda la administración pública“.
Se especifica que “los sujetos obligados deberán presentar en el mes de enero de cada año, ante la autoridad, es simplificación y digitalización, una agenda con las propuestas regulatorias que pretendan publicar en el medio oficial de difusión en los próximos 12 meses“.
El proyecto subraya que el gobierno federal publicará los lineamientos para la implementación del análisis del impacto regulatorio.
El artículo 36 de la iniciativa precisa que entre las propuestas regulatorias que están exentas del análisis de impacto están “ los decretos, acuerdos, reglamentos, y demás disposiciones que emita el poder ejecutivo en los distintos órganos de gobierno“.
“Además de aquellas disposiciones que se emitan en materia de seguridad nacional, seguridad pública y fiscal, cuando no se refieran a contribuciones,“, aclara.
Con la creación del Portal Ciudadano Único de Trámite se tiene por objeto, brindar “, transparencia y certeza jurídica, a las personas para que ninguna autoridad solicite trámites, requisitos o cualquier otra condición que no esté establecida en esta herramienta“.
La iniciativa presidencial considera que la digitalización eliminará la discrecionalidad, arbitrariedad y espacios de corrupción.
Se prevé además la creación de un expediente digital, ciudadano que “contará con estándares de seguridad y trazabilidad de todas las actuaciones”.