Luego de que este lunes se hallara sin vida el cuerpo de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez y su pareja, Alexander Hernández, en un municipio de Veracruz, las autoridades judiciales de Oaxaca avanzan con la investigación para determinar las responsabilidades del hecho. Según pudo saber LPO, las pesquisas principales apuntan a los presuntos vínculos que el hombre habría mantenido con el crimen organizado a partir de una serie de delitos como el tráfico de armas, extorsión y secuestro.
En diálogo con LPO, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que a partir de la coordinación con la Secretaría de Seguridad federal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) las autoridades pudieron determinar como principal línea de investigación la presunta participación de Alexander Hernández en una célula delictiva local con actividad criminal en la zona colindante de Oaxaca y Veracruz. «Tenemos plenamente probado que era una persona que se dedicaba a la delincuencia y que, derivado de un conflicto al interior del grupo criminal, fueron desaparecidos y ejecutados», declaró.
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Según esta línea de investigación, el esposo de Sandra Domínguez habría sido integrante de la célula criminal que lideraba Said Viveros, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad el año pasado en Santiago Sochiapan, Veracruz. Ante esta situación, habría surgido una disputa interna para asegurar la sucesión de la que habría participado, de un lado, Alexander Hernández y, del otro, Artemio García Torres, quien murió una balacera en enero cuando las autoridades intentaban hallar a la pareja.
Las autoridades también basan esta hipótesis en dos hechos principales de las investigaciones. El primero, el lugar y el tipo de delito que consistió en un secuestro y un asesinato con armas de fuego, un modus operandi tradicional del crimen organizado. El segundo, el ataque que sufrieron en enero de este año las fuerzas de seguridad a la hora de allanar un predio, donde fueron repelidas a tiros de AR-15 y AK-47 en un ataque que provocó la muerte de un policía y tres presuntos criminales, entre ellos Said Viveros. Además, ya son parte de la carpeta de investigación las declaraciones de las dos personas detenidas hasta el momento: una mujer y un hombre que habrían brindado más información sobre el crimen.
En octubre de 2024, Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, fueron secuestrados.
Al mismo tiempo, las autoridades mantienen abiertas las averiguaciones por la posible relación entre el crimen y las denuncias que Sandra Domínguez había hecho contra funcionarios estatales por la difusión de imágenes sexuales e íntimas de mujeres oaxaqueñas en grupos de WhatsApp. En diálogo con LPO, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, reconoció que la Fiscalía «sigue estudiando esta posibilidad», peor remarcó que «hasta ahora no hay ningún acto que concluya el involucramiento o amenazas previas de estas personas».
Con este escenario, según pudo confirmar LPO, las investigaciones judiciales continuarán en coordinación con las autoridades de Veracruz y de las dependencias federales porque la Fiscalía oaxaqueña todavía busca a personas presuntamente implicadas en el crimen que conmocionó al estado. Por su parte, la familia y colectivos de derechos humanos destacaron la lucha que emprendió Sandra Domínguez durante su vida y exigieron esclarecer el caso al manifestar que «levantó su voz por la dignidad de todas».