Escrito en MÉXICO el
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y cuenta con facultades para sancionar a juzgadores, inhibirá la resolución de juicios de amparo promovidos en contra de proyectos públicos que afecten al medio ambiente.
«Estos litigios (en materia ambiental) frecuentemente involucran proyectos públicos de gran envergadura. Tenemos también que considerar el efecto inhibidor que tendrá el nuevo régimen sancionador, encabezado por un Tribunal de Disciplina Judicial, en los juzgadores que los conozcan», señaló el ministro.
González Alcántara Carrancá asistió como ponente al conversatorio «El Ius Commune del derecho al medio ambiente sano y la justicia climática», que se celebró este martes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante su participación enumeró diversos desafíos que enfrentará el litigio ambiental en nuestro país, sobre todo después de la implementación de la reforma judicial.
Además de la facultad sancionadora del próximo Tribunal de Disciplina Judicial, también aseguró que la desaparición de las salas de la SCJN y la reducción en su número de integrantes tendrán como resultado una mayor carga de trabajo.
«La SCJN no estará exenta de estos problemas, el problema logístico persiste: todos y cada uno de los casos que hemos expuesto el día de hoy fueron resueltos por las salas de la Corte, en donde se concentra la mayor cantidad de volumen de asuntos. Su desaparición en septiembre y la reducción de tamaño de la Corte amenaza con inundarla de casos», dijo.
Otro problema que vislumbró el ministro González Alcántara es el periodo de adaptación que tendrán los nuevos jueces y magistrados que resultarán electos en junio, así como una posible falta de preparación.
Afirmó que los juzgadores que todavía siguen en funciones han estudiado por años y dictados cientos de sentencias analizando las particularidades de cada caso, y comentó que no está seguro «de que podamos decir lo mismo de quienes ocuparan estos cargos a partir de los próximos meses».
Asimismo, criticó la reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso, que limitó los efectos de la suspensión en los juicios de amparo promovidos contra normales generales.
«La reciente reforma a la Ley de Amparo es un retroceso significativo en la consolidación de la justicia climática y afecta la capacidad de proteger los derechos individuales, como los intereses colectivos, frente a normas generales que puedan resultar inconstitucionales en materia ambiental».