La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En la sesión semipresencial de este miércoles, se emitieron 350 votos en pro de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano (MC), 100 en contra del PAN y PRI y cero abstenciones.
En su fundamentación, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja aseguró que con estas modificaciones, “se plantea una profunda actualización y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas”.
“Alineándolo con estándares internacionales, recomendaciones de organismos públicos y las mejores prácticas globales en materia de adquisiciones gubernamentales”.
Mejía Berdeja destacó que esta nueva ley adopta ampliamente las buenas prácticas que enuncia y recomiendan organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Implica la adopción de metodologías avanzadas y mecanismos claros para la selección de proveedores y la gestión de contratos”, afirmó.
Como lo hizo el martes pasado en la aprobación de la Ley de Obras, el petista resaltó la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que también “está prevista en la Ley de Obra Pública”. “Esta plataforma posibilita la interoperabilidad efectiva entre distintos sistemas electrónicos generando mayor certeza jurídica y una considerable reducción en tiempos administrativos”, indicó.
El diputado del PT mencionó que el dictamen considera la creación de la Tienda Digital del Gobierno Federal, “novedoso instrumento que permitirá procesos expeditos y ágiles para la adquisición de bienes y servicios recurrentes”.
“Esta medida, compañeras y compañeros legisladores, fortalece la eficiencia también en las adquisiciones menores mitigando la carga burocrática que a menudo las acompañan”, abundó.
Al subir a tribuna, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Carmen Rocío González Alonso exigió suspender la discusión del dictamen por el “terrible desaseo legislativo dentro de la comisión que preside Mejía Berdeja”.
González Alonso hizo una cronología: 19 de marzo, la Mesa Directiva turnó las iniciativas a la comisión, la que ayer votamos y la que estoy solicitando se retire hoy.
“Para el martes 25 de marzo, sí, seis días después, se tenían ya los dictámenes y alrededor de las siete de la tarde nos estaban convocando para votarse, pero no para discutirse de manera seria, en una reunión extraordinaria el jueves 27 de marzo. De verdad esta es una irresponsabilidad que leyes de esta naturaleza se saquen al vapor”, enfatizó.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Gildardo Pérez Gabino adelantó que votarían con Morena y aliados porque “es una ley que puede cerrarle el paso a la corrupción en el proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
“Siempre y cuando el órgano superior de fiscalización, los entes y organismos encargados de la vigilancia y quienes se encargarán de la implementación de esta ley haga cada uno la parte que le corresponde.
Pérez Gabino destacó que “este día aprobaremos en lo general la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por las oportunidades que representa para acabar con las licitaciones públicas, como la que dio origen a la Estafa Maestra”.
Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el dictamen será conocido como “Ley de Cochupos de Morena o Ley de Cuates de Morena”.
“Lejos de fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, representa un retroceso peligroso y de gestión de recursos. Ustedes, compañeros del oficialismo, que pregonan a los cuatro vientos combatir la corrupción, aquí les mostramos su realidad, aquí es como la esconden y la entierran”, subrayó.
Yáñez Cuéllar consideró que “es un dictamen disfrazado de eficiencia y de austeridad, cuando en realidad se trata de una centralización desmedida de poder, de una carta abierta a la discrecionalidad y de un golpe a la competencia económica del país, carta abierta a incentivar la corrupción, carta abierta a la secrecía en adjudicaciones”.