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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, acusó que los proyectos de resolución que le impiden votar en asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego, empresario y fundador de Grupo Salinas, son “ilegales”, ya que no se acredita el supuesto conflicto de interés del que es acusada.
A través de una publicación en X (antes Twitter), la ministra Batres aseguró que este miércoles se votaría un proyecto, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, donde se le impedirá participar en la discusión y votación de los asuntos relacionados con Salinas Pliego, debido a que perdió “objetividad e imparcialidad”.
Estos impedimentos han sido votados de manera ilegal, puesto que no se acredita el conflicto de interés, es decir, que la suscrita pueda obtener un beneficio o un perjuicio a partir de la votación, a favor o en contra, de los juicios correspondientes. O sea, que tengo una enemistad manifiesta”, expresó Lenia Batres.
En un mensaje, Lenia Batres aseguró que la enemistad de la que le acusan no es contra la persona física, Ricardo Salinas Pliego, sino contra la persona moral, Grupo Elektra. Agregó que no tiene ninguna percepción «subjetiva u objetiva» sobre los propietarios o accionistas de dicha empresa.
Aseguró que, en anteriores ocasiones, la Corte permitió a los ministros votar pese a la emisión de opiniones, ya que esto no «pone en duda» la objetividad para resolver algún expediente. Enfatizó que la sentencia del ministro Pardo Rebolledo contradice lo que ha dicho la Suprema Corte en ambas salas.
Insistió en que sus opiniones contra Grupo Elektra y Ricardo Salinas Pliego las hizo cuando no era ministra en funciones y a través de una de sus redes sociales; argumentó que hizo uso de su libertad de expresión, tal como lo establece la Constitución, «han censurado mi libertad de expresión de manera retroactiva».
Acusó que la Corte cada vez «refina más» los procedimientos para abordar los asuntos relacionados con Salinas Pliego, al grado de que se han pospuesto hasta por siete meses dichos proyectos, «además de que se han aprobado sentencias sin proyecto», acusó la también candidata electa al máximo tribunal de justicia.