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Los docentes ponen en jaque a la Administración de Sheinbaum con la convocatoria de un paro general

Una de las grandes amenazas que se ciernen sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum ya tiene fecha y no viene del exterior: la huelga general del Magisterio está convocada para el 15 de mayo y se ha levantado con una fuerza inesperada. Los maestros exigen una modificación completa de sus condiciones de jubilación que se resume en tres puntos: poder retirarse cuando se hayan cumplido los 28 años trabajados, para las mujeres, y los 30 para los hombres, y no en función de la edad que se tenga en ese momento; que la pensión dependa del Estado y sea compensada para cada uno de forma solidaria, en lugar de atenerse a los ahorros privados administrados en un fondo (Afore); y que el monto a percibir se calcule a partir del salario mínimo y no de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es inferior y rebaja la paga de jubilación.

El modelo que exigen revertir lleva implantado desde 2007, cuando Felipe Calderón modificó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero la caja de los truenos se ha desatado ahora, inconformes los maestros con los cambios propuestos por la actual Administración. Ante los paros convocados y la amenaza de una huelga nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a frenar la iniciativa presentada al Congreso y templar los ánimos: “No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con los maestros, al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiándolos”, dijo la presidenta recientemente. Pero las espadas están en alto.

Los docentes llevan años esperando cambios en sus condiciones de jubilación, pero el sexenio anterior se mantuvo en calma tras la llegada de López Obrador al poder con la promesa de revertir la reforma de Peña Nieto, esta de corte académico, que obligaba a los licenciados y a quienes ya trabajaban a pasar unas evaluaciones antes de poder convertirse en maestros o seguir impartiendo clases. Las movilizaciones fueron sonadas y al cambio de gobierno, parte de aquellas medidas se derogaron consiguiendo que los maestros volvieran a las aulas. El detonante en esta ocasión ha sido otro: la modificación de la ley del ISSSTE que, a decir de los afectados, les obligaba a sumar otro porcentaje de sus ganancias para financiar el seguro de salud del instituto, que presenta un déficit alrededor de 13.000 millones de pesos. “Es decir, aportar más para percibir lo mismo”, resume Juan Manuel Rendón, profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido la encargada de atizar el avispero y lo ha conseguido con creces, a pesar de que el gran sindicato del magisterio (SNTE) no ha dicho aún su última palabra en este asunto. Se han convocado paros y plantones en el Zócalo capitalino y en numerosas ciudades por todo el país. Las amenazas de huelga del magisterio no son cualquier cosa en México, primero por el poder de paro que tienen y el destrozo social que acarrea tener a los alumnos fuera de los planteles; y segundo, porque la protesta de este colectivo impacta de lleno en la política. La izquierda, encarnada ahora en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, cuenta con el apoyo de los maestros, a quienes han defendido de los “ataques neoliberales” que ha sufrido la profesión en los últimos sexenios panistas o priistas. Soliviantar al Magisterio puede acarrear un fuerte dolor de cabeza a esta Administración. Además de retirar la reforma propuesta para entablar conversaciones con la CNTE, el 31 de marzo la presidenta firmó un decreto para congelar, establecer quitas, reducir intereses o condonar deudas contraídas por los trabajadores del Estado con el Fondo para la Vivienda. De los 400.000 beneficiados con esta medida que calcula el gobierno, más de la mitad son docentes.

Un plantón de la CNTE en el zócalo de Ciudad de México, el 19 de marzo.

Con todo y ello, los maestros parecen esperar de este sexenio algo más que eso. Quieren que la reforma de Caderón se eche abajo en su totalidad. La carrera de Magisterio se consideraba antaño como una profesión de Estado, similar a la de un militar, que la concluye formando parte del Ejército. Los egresados salían con un puesto de trabajo y con unas condiciones de jubilación que se limitaban a los 28 años de ejercicio para las maestras y 30 para los maestros. Las pensiones eran entonces “solidarias”, es decir, que el sistema compensaba para igualar las condiciones en que las percibían todos, sin depender de un fondo de ahorros que se agota si uno vive mucho tiempo después de jubilarse o se queda con lo ahorrado si muere antes del tiempo estimado de retiro. El cálculo de las mismas se efectuaba atendiendo al salario mínimo. Pero la ley de Calderón modificó aquello y estableció una edad mínima para jubilarse, da igual los años que llevaran trabajando. Unas tablas complejas establecían el tiempo, y el monto a percibir se estimaba a partir de la UMA, que en aquellos entonces era solo unos pocos pesos más baja que el salario mínimo, no como ahora.

Sheinbaum dice comprender a los maestros y sus reivindicaciones, pero afirma que no hay dinero en la actualidad para revertir el sistema de golpe. Ha tendido la mano a los docentes para sentarse a negociar, quizá el próximo 8 de mayo. En ese impasse estaba la pelea hasta el pasado viernes, cuando los docentes acordaron un paro general el 15 de mayo, que quizá se aborte si las conversaciones llegan a buen puerto. El último gesto de la presidenta ha sido el anuncio de que los millones del fideicomiso anulado al poder judicial irán a engrosar los fondos del ISSSTE para mejorar los servicios de salud de los trabajadores estatales, jueces, policías, médicos y también maestros. Los 11.000 millones de pesos retraídos de ese fideicomiso podrían poner un bálsamo a las heridas abiertas. Pero no será fácil.

Con López Obrador se anunció una subida de sueldo a los maestros, muchos de los cuales no alcanzan los 20.000 pesos, pero ahora se critica que solo sirvió para el personal no docente que trabaja en los centros educativos. Y se hizo fijo a unos 600.000 docentes. “Algunas de las promesas de López Obrador se cumplieron parcialmente”, dice Rendón, que también fue director de la Escuela de Maestros de la capital. “No se echaron abajo las evaluaciones de Peña Nieto, pero sí se quitó lo más filoso, lo que tenía de policiaco, la vigilancia del Ejército en aquellos exámenes, por ejemplo, pero la base del sistema continuó”, asegura Rendón. “Hoy los egresados de las Normales tienen que salir a buscar trabajo, los militares no”, denuncia. Y asegura que hay largas listas de maestros licenciados a la espera de que les llamen a trabajar cuando en el país se necesitan muchísimos profesionales en el sistema educativo.

La mala fama que arrastran los maestros en México se debe en parte al sistema mafioso que desarrolló el gran sindicato SNTE durante décadas. Era el brazo armado de cualquier gobierno, el que movilizaba a millones de maestros para votar al presidente de turno y el que lo ponía en aprietos con movilizaciones si no recibía beneficios a cambio. El problema es que esas prebendas rara vez favorecían las condiciones laborales de los docentes, sino el tren de vida de los dirigentes sindicales, con una amplia tradición de corrupción y enriquecimiento. Un juego político que tenía como rehenes (acarreados) a millones de personas para obtener un empleo y pagar cuotas sindicales obligatorias por ello. La historia no ha cambiado tanto: hoy en día se puede ver al líder del SNTE, Alfonso Cepeda, que también es senador (otra de las clásicas disfunciones sindicales en México), afirmando que va a afiliar a 5,5 millones de profesionales de la docencia al partido del Gobierno, Morena, a la espera de recibir privilegios a cambio.

López Obrador consiguió la calma prometiendo que los maestros no pasarían pruebas humillantes para recibir un empleo siempre que se hiciera una prospección seria de cuántas plazas se necesitarían en el futuro inmediato y ajustar así la matrícula de los futuros docentes. Además, pidió que las Normales rediseñaran su proceso de selección de estudiantes, es decir, que saliera de la mafia acostumbrada. Pero los avances no han sido los esperables en el sistema. Ahora son las pensiones las que han abierto la caja de los truenos de un Magisterio que quiere superar la “etapa neoliberal”.

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