El advenimiento de la nueva Siria no ha acabado con las colas en las panaderías o en las paradas de autobús. Pero las filas han aparecido en un lugar inédito: en las comisarías y otros edificios de las fuerzas de seguridad, antes temidos por ser centros de brutales torturas. Ahora, quienes ocupan estas dependencias son los combatientes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la milicia que lideró la ofensiva relámpago que derrocó al dictador Bachar el Asad hace un par de semanas, y quienes se arremolinan frente a sus puertas son policías, soldados y oficiales del ejército que sirvieron al antiguo régimen y que ahora buscan una especie de amnistía.
Pocos días después de su triunfal entrada en Damasco, los responsables del nuevo Gobierno interino nombrado por HTS hicieron un llamamiento a través de las redes sociales y de la televisión a todos los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos los trabajadores médicos, para que entregaran sus identificaciones, armas y vehículos. Los centros donde deben registrarse están distribuidos por todo el país, y en los bastiones del antiguo régimen, como la ciudad de Latakia, durante los últimos días se ha podido ver a centenares de personas que se afanaban para regularizar su situación.
En los centros más concurridos, los soldados han de esperar al raso durante horas para poder conseguir un número. Una vez dentro de las dependencias, el proceso es siempre el mismo. Primero, un policía del nuevo Gobierno registra el nombre de cada persona y, después de haberles tomado una foto frente a una pared blanca, crea una nueva tarjeta de identificación para ellos. Posteriormente, pasan a otra sala donde debe entregar su arma. En algunas fotografías de estos centros, publicadas por la prensa y las agencias de noticias, se pueden ver apiladas decenas de pistolas y kaláshnikovs. Como colofón, y para simbolizar la renuncia a su pasado al servicio de El Asad, los candidatos deben pisar un retrato del dictador.
Esta es una de las primeras medidas destinadas a hacer acopio de las decenas de miles de armas ligeras que circulan en el país después de casi 14 años de guerra civil, con el fin de pacificar el país. De momento, los primeros que deben deshacerse de ellas son los miembros del ejército, que ha sido formalmente disuelto. Luego, será el turno de la constelación de milicias opositoras que combatieron a El Asad. De hecho, el martes, en una reunión apadrinada por HTS, más de una decena de milicias opositoras acordaron disolverse e integrarse en el nuevo ejército.
“De ninguna manera vamos a permitir que haya armas en el país fuera del control del Estado, ya sea por parte de facciones revolucionarias, como de aquellas presentes en el área de las SDF [las Fuerzas Democráticas Sirias]”, declaró Ahmed al Shara, el líder de HTS ―conocido hasta hace poco como Al Julani― el pasado domingo en una rueda de prensa tras la visita del ministro de Exteriores de Turquía Hakan Fidan. Este viaje, el primero de un canciller extranjero desde la caída de al Asad el 8 de diciembre, ha evidenciado la influencia de Ankara en la nueva Siria gracias a haber apoyado durante años a las milicias opositoras asentadas en el norte del país.
La donación del armamento a las nuevas autoridades no garantiza la amnistía, sino que esta solo podrá llegar después de una investigación para verificar que el antiguo agente o militar no cometió crímenes de guerra. En caso de que así sea, en principio, podría incluso reintegrar su antigua posición.
De momento, se insta a todos aquellos registrados a volver a las mismas dependencias pasados dos o tres meses para tener noticias sobre su futuro. “Si queremos conseguir la paz social, debe haber justicia, y no la habrá sin que se depuren responsabilidades. Aquellos que tengan las manos manchadas de sangre, no tendrán amnistía”, ha declarado al respecto Obeida Arnaut, un portavoz del nuevo gobierno.
Si bien la mayoría de aquellos que se han registrado en este proceso de reconciliación son soldados de baja graduación, también lo ha hecho algún miembro de la antigua cúpula militar, como Talal Makhlouf, general de la Guardia Republicana y al que se acusa de haber reprimido con extrema dureza numerosas protestas pacíficas en 2011. De hecho, por esta razón, Makhlouf, miembro de la familia de la madre de Bachar el Asad, figura en la lista de mandatarios del régimen sancionados por la Unión Europea, además de otros países.
El hecho de que Makhlouf haya podido registrar su petición de amnistía sin ser arrestado ha generado una gran controversia entre activistas y familiares de las víctimas de un conflicto que segó la vida de más de medio millón de personas. Además, aún hay más de 100.000 personas desaparecidas que se teme que pueden haber fallecido en las atroces cárceles del antiguo régimen, por lo que la cifra podría crecer de forma considerable.
“Lo que ha pasado con Makhlouf es algo preocupante para todas aquellas personas que quieren que haya un proceso de justicia transicional. Makhlouf es una persona conocida por todos los sirios, que saben que participó en torturas y en el bombardeo de ciudades”, ha advertido Rami Abdurrahman, director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, en la cadena de televisión Al Arabiya.