«¿Quién es Francisco Martínez?», inicié de lleno la entrevista con el candidato a juez de distrito en materia administrativa por el Distrito 3 de la Ciudad de México, el cual comprende toda la alcaldía Benito Juárez y la parte norte de Álvaro Obregón. «Es una candidatura federal, no es local. Voy a aparecer en la Planilla Amarilla con el número 23», me respondió.
«Francisco Martínez Cruz, porque también tengo mamá, pues es hijo de dos personas que han sacrificado su vida, mis papás: mi papá, Francisco, él fue taxista durante la mayor parte de su vida, y mi mamá, su trabajo fue quedarse en casa a criarnos a mis hermanos y a mí, y con muchas complicaciones. Los tres estudiamos la universidad, en la UNAM. Mi hermana la mayor estudió medicina. Mi hermano menor estudió ingeniería en telecomunicaciones, y yo estudié derecho», continuó el candidato al Poder Judicial rumbo a la inédita elección el 1 de junio.
«En nuestro caso sí conocemos lo que es padecer, tener carencias y a pesar de eso no darse por vencido sino sí llegar a la universidad. Mi abuela paterna ya nunca supo escribir, nunca supo leer. Mi abuelo era albañil. Entonces, venimos de un contexto muy adverso, y de alguna manera sí es un éxito que hayamos logrado tener estos estudios», completó el abogado resaltando la cultura del esfuerzo aunque haciendo conciencia de clase.
«Aunque me va a elegir -si es que me eligen- en el Distrito 3 que es Benito Juárez y parte norte de Álvaro Obregón, eso no significa que únicamente vaya a ser juez de esa área, sino prácticamente toda la ciudad, todo el primer circuito», aclaró. «No soy una persona que se ha ensimismado en la materia jurídica, yo siempre he aspirado a ser un humanista, y creo que eso a mí también me da la sensibilidad de entender cuáles son las necesidades de las personas y pues tratar de servir lo mejor posible».
«Yo sí creo que un juez debe ser una persona ética, aunque esta palabra pareciera que ha caído en desuso, o uno habla de ética y uno parece que va a venir a sermonear. Y no, la ética es tener carácter, es forjar carácter y poder discernir lo bueno de lo malo, y tratar de siempre ver cuál es el camino y no desviarnos. Creo que eso es lo relevante hablando de ética, y yo la tengo. Por eso diría que voten por mí, yo sería una buena opción», invitó el abogado a los lectores de LPO.
La carrera judicial y la justicia a debate
Paco, como lo conocemos sus amigos, comenzó su carrera judicial hace cinco años, cuando se incorporó a los trabajos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, y antes había trabajado en el servicio público en otras áreas, como en la Asamblea Legislativa la Ciudad de México, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y en la Secretaría de la Función Pública (transformada en la actual administración como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno). Siempre como un talentoso abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
«Hay muchas personas que sí habían entregado prácticamente su vida al Poder Judicial, y digamos habían empezado desde meritorios (o sea, no les pagan). Yo no sé cómo le hacen, de qué viven en ese tiempo, yo al menos jamás me habría arriesgado a hacer meritorio porque sí requería un sueldo y no podía andar regalando mi trabajo, pero hay gente que sí lo hace. Y a sabiendas de eso le entran y empiezan a apostarle todo justo a la carrera judicial, y así estructuraron su vida», relató Martínez sobre la polémica por la supuesta supresión de la carrera judicial la cual es defendida por los opositores a la Elección Judicial.
Aseguró que entiende la «desconfianza» y «molestia» porque «de pronto esto ya no se mantenga o que tengan que hacer este tipo de campañas», quienes en el pasado hacían detrás de familiares o eran recomendados. «Y sé también que hay mucha polémica en cuanto a que dicen: ‘Bueno, ahora ya no vamos a tener jueces, vamos a tener políticos’. Y yo respondo: ‘Bueno, sí, pero no me digan que el derecho no es político’. A lo mejor, estos operadores jurídicos no están tan expuestos, o no habían estado tan expuestos a lo político, pues es otra cosa. Pero las leyes con las que operamos son leyes que se originan en lo político», señaló.
El aspirante a juez en la Planilla Amarilla con el Número 23.
Habló del Artículo Tercero de la Constitución. «Que no entendamos por qué es que tenemos un artículo que te permite -casi que obliga- a tener una educación gratuita, y qué es lo que está detrás de eso, pues es un problema de los abogados, quienes no quieren ver más allá del texto de la ley». Y citó la encuesta del INEGI que registra desde 2013 a los jueces como «las autoridades que son percibidas como las más corruptas, muy atrás de los policías de tránsito».
«Yo no creo que salir a las calles y tratar de convencer a la gente sea algo malo, sea algo en sí mismo negativo. Yo creo que es algo positivo porque por vez primera muchas personas que han estado en el Poder Judicial, están poniendo a servicio de la sociedad lo que saben, para que también ellos tengan ese conocimiento. Yo digo que el conocimiento que no se comparte, es estéril», sentenció. «De decirle a las personas: ‘Miren, pues hay unos juzgados de distrito en materia administrativa que sirven para esto, que están los civiles que sirven para aquello’. Es una cosa muy básica».
Y subrayó: «El hecho de que busquemos legitimarnos con una elección popular, de alguna forma podría permitir que los jueces cuando resuelvan lo van a hacer únicamente siguiendo el interés público, dejando a un lado los intereses económicos o políticos que puedan tener. Porque eso es un hecho, eso pasa, que a veces corre dinero de manera ilegal y eso es lo que termina inclinando la balanza a favor de un lado o de otro».
«Pero ahora de hacerlo abierto y decir: ‘es la ciudadanía quien me está examinando, quien está viendo cómo me estoy comportando’. Pues yo digo que está bien, lo que sí creo que es importante para que esto pueda funcionar es que se requiere que se difunda más información».
Juez de distrito en materia administrativa
Entrando en el tema técnico, Martínez Cruz explicó de qué va la materia administrativa (por la cual se postuló a juez). «Los jueces de distrito en materia administrativa son como la primera puerta a la que se toca cuando tienes algún problema legal, y básicamente estos jueces resuelven casos donde se implica el gobierno, que el gobierno hace algo erróneo, te violenta tus derechos con los trámites administrativos, a través de las propias instituciones», dijo.
Y puso como ejemplo cuando clausuran algún negocio, «cuando uno no sabe por qué», o cuando te cortan el agua o te cortan la luz, te puedes amparar, «cosas tan básicas». «En el caso de la luz es importante porque sabemos que hay medicamentos que requieren refrigeración, y que de pronto llegue la Comisión Federal de Electricidad y les corten la luz, se pone en riesgo el derecho a la salud o incluso a la vida, por ejemplo».
Paco Martínez Cruz.
«Estos jueces tienen un gran poder y también una gran responsabilidad, porque son los que dictan las suspensiones cuando el gobierno lleva a cabo alguna obra pública y por alguna razón las personas no están de acuerdo, pueden promover un amparo y pedir que se suspenda la obra. Ese es el gran poder que pueden tener», insistió. Y recordó que fue este tipo de jueces quienes estuvieron detrás de los amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía (AIFA) o contra el Tren Maya.
Criticó que «es mucho el trabajo» y «si se hiciera un análisis de cuántos jueces hay por cada mexicano, la cantidad es irrisoria, pues «son muy poquitos jueces para tantos mexicanos». «Hay algo que yo no me explico -continuó-. No me explico por qué hay tan pocos juzgados en materia administrativa y muchos tribunales colegiados en materia administrativa, y digo que no me explico eso porque quienes se supone que deben filtrar casi todo el trabajo, pues son los de primera instancia -que son los jueces en materia administrativa-, y los tribunales colegiados son los que revisan. Entonces, en realidad tendría que haber menos tribunales colegiados que jueces de distrito, digamos esa debería ser la proporción».
Más amparos
En el mismo tenor, el abogado explicó que cuando las personas van al seguro social y les niegan los medicamentos bajo cualquier excusa, ya sea porque hay desabasto o cualquier otra razón o sinrazón, «muy bien pueden acudir ante el juez de distrito en materia administrativa para que les garantice ese derecho a la salud», dijo Martínez.
Y ejemplificó lo anterior con las personas que viven con VIH. «Un virus que lo tienen muchas personas, pero para que no se desarrolle y no se exprese como sida -y todos los padecimientos que implica- deben consumir antirretrovirales que mantienen a la mínima expresión ese virus. Entonces las personas pueden tener una vida normal, una vida digna. Entonces, si de pronto van al seguro y les niegan los medicamentos por desabasto y que ‘venga dentro de dos semanas’, pues corren el riesgo en esas dos semanas de que el virus se reproduzca. Ahí se está violentando el derecho a la salud», detalló.
Finalmente, sobre el costo de tramitar un amparo ante un juzgado en materia administrativa, Martínez aseguró que «a veces bastaría con que la persona que requiere urgentemente algún medicamento, por ejemplo, asista personalmente -sin necesidad de que lleve un escrito o que se acerque a un abogado-, bastaría con que esa persona se presente al juzgado».
«Y ahí verbalmente diga: ‘Oiga, es que yo vengo aquí a exigir que me proteja, porque me están violentando mi derecho a la salud, porque no me entregan los medicamentos’. Y a veces cuando entra el abogado es cuando les cobran mucho, mucho dinero. Y eso varía mucho, o sea, pueden ser a lo mejor desde los 1000 pesos que les cobre un abogado o hasta muchísimo más, y desde luego que eso también es muy relativo porque hay gente que no tiene los 1000 pesos», concluyó invitando nuevamente a que voten por él en la Planilla Amarilla, con el Número 23.