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A seis meses de la detención de 10 personas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía del Estado anunció que dos de los implicados enfrentan un nuevo proceso penal por el delito de desaparición cometida por particulares.
De acuerdo con un comunicado emitido este viernes, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas identificó a dos de los detenidos como presuntos responsables de nuevos delitos tras el testimonio de tres víctimas. Ante ello, el Ministerio Público inició un segundo proceso penal, y un juez dictó prisión preventiva oficiosa mientras se resuelve su situación legal.
La decisión llega en un momento de creciente presión sobre las autoridades mexicanas, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgiera al gobierno a reforzar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas.
Las investigaciones sobre el rancho Izaguirre tomaron un nuevo giro luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciara, a mediados de marzo, la presencia de fosas clandestinas con restos óseos calcinados en el sitio, lo que reforzó las sospechas de que el lugar era utilizado como un «campo de exterminio» por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La CIDH ha enfatizado la necesidad de que el Estado mexicano conduzca un proceso riguroso de identificación de víctimas, con base en evidencia científica.
Desde la detención de los 10 sospechosos el 18 de septiembre de 2024, las autoridades han señalado que cada uno enfrenta distintos cargos, que incluyen desaparición cometida por particulares agravada, homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos contra la autoridad.
Sin embargo, familiares de personas desaparecidas han expresado su desconfianza en las investigaciones oficiales y han exigido un mayor compromiso del gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que los hallazgos en el rancho Izaguirre constituyan crímenes de lesa humanidad, aunque aseguró que se está fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda. No obstante, la CIDH reiteró que el Estado debe redoblar esfuerzos para sancionar a los responsables y garantizar reparación a las víctimas y sus familias.