
La baja afluencia a las casillas el domingo que viene se ha instalado casi como una realidad en las conversaciones más determinantes del gabinete. Por estas horas existen severas dudas sobre si la participación del padrón podrá llegar a los dos dígitos, algo que también explicaría la distancia que ha tomado Andy López Beltrán del proceso en las últimas dos semanas: el hijo del expresidente se enfocará por completo en Durango.
De confirmarse el escenario, sería un golpe para todo el arco oficialista. Para el obradorismo implicaría constatar que la llamada reforma de la justicia nunca terminó de ser un tema incorporado por el grueso de la población. En el entorno presidencial lo vienen señalando desde la transición: a lo largo de toda la campaña del año pasado el reclamo de democratizar la justicia, por parte de la sociedad, fue inexistente.
Andrés López Obrador no cedió y jugó a fondo por una idea que de momento luce ajena al electorado y por la cual se tensionó la relación con el empresariado, con Washington y se debió incorporar a Morena a actores escandalosos como es el caso de la familia Yunes, que por estos días anima largos ágapes en restaurantes madrileños.
Para el Gobierno actual el dato de una baja participación tampoco es motivo de festejo: Claudia Sheinbaum respaldó la elección y por este proceso se enfrentó, en las últimas horas, al sindicalismo magisterial. La poca afluencia para votar sería un contrapunto incomodo si se compara con los niveles de movilización que están demostrando los maestros. Sería también el primer aviso para un oficialismo que se mueve como el centro de gravedad de la política doméstica.
El peor de los mundos no es demasiado lejano: que el domingo a la noche Sheinbaum se encuentre con una elección a la cual no acudió casi nadie y en la que, para colmo, hayan quedado elegidos perfiles escandalosos o con antecedentes explosivos.
Como sea, si la asistencia a la elección judicial no alcanza los dos dígitos se acelerarán las especulaciones sobre ajustes en el gabinete, concretamente en la Secretaría de Gobernación, actualmente a cargo de Rosa Icela Rodríguez.
Para los más allegados a Sheibaum, remover a Rodríguez sería una sanción justa contra el expresidente por el fracaso de asistencia a la elección que él mismo impuso. En Palacio, además, se conoce que la secretaria habla con López Obrador y que algunas de esas pláticas no se reportan a la Presidencia.
Entre las posibles opciones de cambio se menciona a Zoé Robledo, titular del IMSS y de comunicación diaria con Sheinbaum. Fue la primera opción de la presidenta para el interinato en la CDMX y en la transición también se lo mencionaba para Bucareli. Le juega en contra que está a cargo de un área crítica para el oficialismo y donde todavía quedan frentes abiertos.
Otra posibilidad es el secretario de Economía Marcelo Ebrard, que ha recompuesto su vinculo con Sheinbaum: los desafíos que implica la presidencia de Donald Trump sirvieron para superar las heridas de la interna morenista. Desde Segob, señalan, podría seguir operando en la relación bilateral y dejaría a su equipo en Economía para afrontar la renegociación del T-MEC. Sería además un guiño hacia Washington.
También se ha señalado al gobernador de Sonora Alfonso Durazo. El mandatario estatal quiere ocupar el cargo pero una vez que termine su sexenio en la entidad del Pacífico, especialmente porque no tiene pleno control político del morenismo de Sonora, lo cual le podría significar un proceso traumático al momento de definir su reemplazo.