Este viernes la secretaria Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se reunió con trabajadores del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con quienes abordó las principales sus preocupaciones sobre sus derechos laborales y el proceso de indemnización.
La funcionaria federal destacó que, como gobierno, hay una «preocupación genuina» por garantizar un trato justo a los trabajadores. En ese sentido, recalcó que todos los empleados tienen derecho a una indemnización constitucional, que será calculada de acuerdo con el servicio profesional de carrera, es decir, tres meses más 20 días por cada año trabajado.
Este cálculo también se aplicará a los empleados de libre designación, algo que no estaba claramente establecido en la legislación anterior.
«Lo más justo es que el cálculo de indemnización sea el mismo para todos, independientemente de su modalidad de contratación. Así, los trabajadores recibirán lo que por derecho les corresponde», comentó Buenrostro Sánchez.
La funcionaria además subrayó que el gobierno ha trabajado de la mano con la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Egresos para establecer este mecanismo, asegurando que los pagos se hagan conforme a la ley.
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A pesar de la extinción del INAI, la secretaria indicó que su función no desaparecería por completo. Explicó que, si bien la estructura del INAI ya no existe, muchos de sus especialistas serán incorporados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En cuanto a los trabajadores que no sean reincorporados, la secretaria aseguró que serán recomendados a otros órganos públicos, partidos políticos y entidades autónomas, a fin de que su experiencia y conocimientos sean aprovechados en otras áreas.
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La funcionaria también abordó las inquietudes sobre el futuro de los excomisionados del INAI y la creación de una nueva institución denominada «Transparencia para el Pueblo».
Aunque reconoció que las atribuciones del nuevo ente serán distintas a las del INAI, garantizó que se brindarán condiciones para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios estructurales, aclarando que la transición será gradual y dentro de los plazos establecidos por la ley.