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La OEA desaconseja replicar el modelo de elección de jueces de México en el resto de países de América


La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha emitido su informe sobre los comicios mexicanos del pasado domingo. Los comentarios apuntan a que el país tiene mucho trabajo que hacer para mejorar el proceso electoral para elegir a jueces y magistrados. La OEA ha subrayado que la baja participación, de solo un 13% del padrón electoral, es preocupante. “Se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”, indica el documento. Además, ha señalado la presencia de acordeones, la organización caótica del evento, los contratiempos del INE y de los comités de selección, la falta de criterios y los plazos tan cortos para llevar a cabo un proceso que no tiene precedentes en el mundo. “La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, sentencia el informe.

La baja participación en la contienda — que en la elección de autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue de 13%, y del Tribunal de Disciplina Judicial 12,9%— es la principal preocupación de la Misión. Por ello, hacen un llamado a hacer “una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más del 85% del electorado no ha mostrado interés en participar”. El informe acusa a que hubo un modelo de comunicación excesivamente restrictivo en las campañas, por lo que la ciudadanía no pudo conocer en profundidad a los postulantes. Los candidatos solo tuvieron 60 días para hacer campaña y, al prohibirse la financiación privada y pública, solo contaron con el dinero propio y este tenía el tope de gasto de 220.000 pesos.

El informe señala la gravedad de la presencia en las casillas electorales de los denominados acordeones, listados de candidatos a votar que fueron repartidos entre el electorado. “De comprobarse que estos acordeones se hubiesen distribuido de forma masiva o por servidores públicos, podrían constituir propaganda no permitida y potencialmente un intento de coacción al voto del elector”, subrayan en el documento. Además, observan que las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte “fueron promovidas en acordeones físicos y virtuales”. En paralelo, la misión comprobó que seis de los nuevos ministros fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y las tres restantes son integrantes de la Corte actual, nombradas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”, indica el informe.

En cuanto al cribado de candidatos, la OEA ha identificado varios problemas que van desde la falta de criterios homogéneos en los estándares para los postulantes, el corto tiempo de revisión de candidaturas y la capacidad de autorregulación de la que gozaban los comités de selección. “Las reglas y procedimientos para evaluar la idoneidad de los postulantes fueron marcadamente diferentes y tuvieron distintos niveles de exigencia”, aseguran. En consecuencia, ninguno de los candidatos que logró llegar a la boleta pasó por una evaluación real de sus conocimientos jurídicos. El informe recomienda que se establezcan un mínimo de experiencia para cada cargo en la materia que se postule, también pedir requisitos adicionales para cargos más altos (como postgrados, publicaciones o trayectorias más extensas). Finalmente, apuntan a que se deberían de haber establecido mayores salvaguardas para evitar que dirigentes políticos accedan a los altos tribunales de justicia.

El documento critica algunas modificaciones en la reforma judicial, como por ejemplo el recorte a la duración de los mandatos de los ministros de la Suprema Corte a nueve años o la capacidad de reelegirse. “Diferentes actores con los que dialogó la Misión opinaron que la falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia y que la necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado”, advierte el informe. Además, los jueces electos estarán a prueba durante un año, lo que dificulta su estabilidad para ejercer el cargo.

Las boletas también fueron un punto de conflicto para un buen proceso electoral. La Misión reprocha que la cantidad de cargos a elegir, la complejidad técnica de los mismos, la cantidad de colores en las boletas y el cambio en la modalidad de votación añadieron mucha presión al electorado, que tardaba hasta una hora en finalizar su voto y retrasó el proceso. Encima, en los Estados de Veracruz y Durango se celebraron en paralelo elecciones para renovar los ayuntamientos, y se tuvieron que instalar casillas diferenciadas. “De no mediar cambios en el calendario electoral, lo sucedido en Durango y Veracruz se replicará en 2027 en todo el país, dado que las elecciones judiciales se celebrarán el mismo día en que se deberá votar para renovar la Cámara de Diputados y en el que la mitad de las entidades federativas elegirán gobernador”, indica el documento.

El proceso electoral aprobó en algunos aspectos que la OEA elogió, como el esfuerzo por mantener la paridad de género, así como la ejecución del instrumento normativo “ocho de ocho contra la violencia”. Este mecanismo evita que candidatos con sentencias por violencia familiar, doméstica, política o que sean deudores de pensiones alimenticias puedan ejercer cargos públicos. También alaba el trabajo de los funcionarios de casillas y del Instituto Nacional Electoral (INE), que no solo organizó unos comicios históricos en tiempo récord, sino que lo hizo con la mitad del presupuesto que necesitaba para llevarlo a cabo. “Esta es la tercera elección consecutiva en la que la MOE/OEA advierte sobre las restricciones presupuestarias que enfrentan las autoridades electorales”, reitera el informe. Con todo, el esfuerzo de los funcionarios no fue suficiente para compensar las deficiencias de un “proceso electoral sumamente complejo y polarizante” que deja en evidencia múltiples oportunidades de mejora.

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