Antes de que Morena y aliados enviaran el dictamen de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la oposición exhibió al menos siete pifias que violentaban a gobiernos y congresos de los estados, además de municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
La más grave: confundir el derecho parlamentario, “una ley nacional con una ley marco general y con una ley federal”, como lo subrayó en tribuna la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Zavala.
“Veo, además, un problema de fondo que no entiende la diferencia entre la ley general, la ley nacional y una ley federal, precisamente, por lo que dice esta reserva, que solo pone como obligación la imposición del Congreso de la Unión a todos los estados”, expresó la diputada del PAN.
La diputada Zavala se refería a la reserva que minutos antes presentó la morenista Katia Alejandra Castillo Lozano para ampliar el plazo “a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que los Congresos de los estados y el de la Ciudad de México armonicen su normatividad de conformidad con el proceso de decreto”.
“No puede haber un avance efectivo en la simplificación de trámites si en algunos estados persisten normas desfasadas que obstaculicen el acceso de la ciudadanía a servicios más rápidos, seguros y transparentes”, dijo Castillo Lozano.
La panista Zavala arremetió: «Vienen aquí y nos traen una reserva en la que solamente obliga a los Congresos de los estados y a la Ciudad de México a seguir lo que dice esta ley».
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna para aceptar la precisión “con preocupaciones válidas y he escuchado también argumentaciones jurídicas interesantes”.
“En efecto, las leyes nacionales, las leyes federales y las leyes generales tienen características distintas. Tiene razón quien así lo afirma. Las leyes federales sólo regulan la competencia exclusiva de la federación que la Constitución le atribuye a la misma, esa exclusividad”, puso como ejemplo.
Monreal Ávila aprovechó la discusión para mostrar gestos o intentos de unidad en su bancada cuando mencionó que las siete modificaciones que proponía, no son obra totalmente mías, son también con Alfonso Ramírez Cuéllar (vicecoordinador de Morena con quien tiene una relación distante).
“Desde ayer estuvo muy pendiente del contenido de la norma y conversamos todavía por la mañana la posibilidad de modificar algunos artículos para salvar el federalismo mexicano, la autonomía de los estados y de los municipios”, enfatizó, aunque no mencionó las consultas a Palacio Nacional.
“No estamos en contra de las recomendaciones para mejorar trámites, al contrario, la respaldamos. Pero proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la administración pública federal, para las entidades federativas y los municipios. Deben ser orientadores, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”, enfatizó.
El líder de Morena destacó que sobre la reserva, que “podría argumentar más a fondo, porque lo que escuché de algunos, sí leyeron el dictamen, pero otros solo descalificaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
“En esas no me meto, porque finalmente son voces partidistas, que respeto, y que tienen el derecho a expresarlas”, aceptó.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que por eso planteaba la modificación a siete artículos a la iniciativa presidencial que consideró “un instrumento jurídico extraordinario, extraordinario”.
Entre los siete cambios destaca el artículo 32, que en dictamen decía que “la Autoridad de Simplificación y Digitalización podrá emitir recomendaciones vinculantes sobre el contenido de la agenda regulatoria o sobre los costos burocráticos de la propuesta regulatoria desde su etapa de planeación para garantizar las buenas prácticas regulatorias, la simplificación y digitalización”.
“En la propuesta de modificación: Artículo 32. La Autoridad de Simplificación y Digitalización podrá emitir recomendaciones sobre el contenido de la agenda regulatoria o sobre los costos burocráticos de la propuesta regulatoria desde su etapa de planeación para garantizar las buenas prácticas regulatorias, la simplificación y digitalización”, establece la modificación.
En la votación en lo particular, el dictamen fue aprobado con 332 votos en pro, 130 en contra y cero abstenciones, por lo que fue enviado al Senado de la República.