El reclamo de envío de agua de Donald Trump a México ha vuelto a tensionar la relación bilateral. El gobierno republicano ha impuesto aranceles al jitomate mexicano, se ha elevado la militarización en la frontera y la administración de Claudia Sheinbaum le ha retirado los permisos de importación a la petrolera texana Valero.
Una serie de tensiones que tienen su origen en el pasado gobierno de Joe Biden, cuando los demócratas emitieron un acta por la cual le demandaban a México que regularizara su deuda de líquido con Estados Unidos. La Casa Blanca de Trump se ha aferrada a ese documento, le ha dado mayor prioridad que al Tratado de Aguas que existe entre ambos países y, como viene sucediendo, Sheinbaum se ha mostrado en sintonía con el pedido para priorizar la relación con Washington.
Para Trump además es una oportunidad de hacer política interna en el estado de Texas, que es un bastión para su afluencia electoral. Los agricultores de dicho estado son quienes más reclaman por el agua del Río Bravo.
El problema que afronta el oficialismo en México es que las presas del norte del país, que se vinculan con la cuenca del Río Bravo, no tienen la capacidad necesaria para cumplir con Trump y abastecer a los productores agrícolas.
Así las cosas, en gabinete se vuelve a mencionar la posibilidad de trasladar hacia EU agua de la cuenca del Río Pánuco, para lo cual se habla de reflotar el proyecto del acueducto Monterrey VI, un plan del sexenio de Enrique Peña Nieto que terminó manchado de corrupción por la participación de la constructora mexiquense Grupo Higa.
Esta posibilidad ha sido analizada por el gobernador de Nuevo León Samuel García, pero para impulsarla sería crucial el papel de la Federación y que exista un acuerdo con el estado de San Luis Potosí, que también reclama agua del Pánuco.
El principal escollo, desde ya, sería el financiero y de allí que en Palacio se hable también de la posibilidad de sumar a EU al desarrollo de esa obra de infraestructura.