Colectivos de familiares de personas desaparecidas criticaron este martes las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de desapariciones en México y advirtieron que el gobierno federal demuestra un desconocimiento de los mecanismos de búsqueda e investigación ya existentes.
El lunes, Sheinbaum anunció una serie de medidas enfocadas en fortalecer los registros de identificación, equiparar la desaparición con el secuestro y reformar leyes para agilizar las investigaciones.
Sin embargo, los familiares de víctimas consideran que las propuestas son insuficientes y muestran una falta de voluntad política para enfrentar el problema de manera integral.
Uno de los puntos centrales del posicionamiento de los colectivos es la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuya labor Sheinbaum se comprometió a fortalecer con un decreto presidencial.
Las familias reconocieron que revertir el recorte presupuestal a la CNB es un paso positivo, pero insistieron en que el problema no son sólo de recursos, sino de liderazgo. En particular, exigieron la destitución de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la comisión, argumentando que su gestión ha sido ineficaz y sin apertura al diálogo con las víctimas.
«No se puede esperar que el aumento de presupuesto logre algo efectivo si la CNB sigue en manos de una funcionaria sin capacidad técnica ni sensibilidad hacia las familias», expresaron en un comunicado.
Sheinbaum propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición de Personas para la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses y una base única de información.
Sin embargo, las familias recordaron que estas herramientas ya están contempladas en la legislación vigente desde 2017, pero la Fiscalía General de la República (FGR) ha incumplido su implementación.
«El problema no es la ausencia de leyes o protocolos, sino la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad», subrayaron los familiares, quienes insistieron en que los obstáculos principales para la búsqueda de desaparecidos provienen de las propias instituciones encargadas de aplicar la ley, como ministerios públicos y fiscalías.
Además, cuestionaron la iniciativa de crear una cédula de identidad única, similar a la propuesta por el expresidente Felipe Calderón, al considerar que no atiende de manera inmediata la crisis de desapariciones.
Uno de los anuncios más polémicos de Sheinbaum fue su intención de homologar el delito de desaparición con el de secuestro, medida que las familias calificaron como un «retroceso».
Argumentaron que las desapariciones tienen dinámicas distintas y que la investigación debe enfocarse en su especificidad para evitar que las víctimas queden en un limbo jurídico.
«No se puede resolver el problema si se investiga como un delito cualquiera. Nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada y que las víctimas no sean atendidas de manera adecuada», manifestaron.
Sheinbaum también anunció la publicación mensual de las cifras de desapariciones y avances en las investigaciones. Los familiares consideraron que esta medida podría ser un avance, siempre y cuando se garantice la confiabilidad de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Aseguraron que hasta la fecha existen dudas sobre la veracidad de la información contenida en esta base de datos.
En cuanto al fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las familias se mostraron escépticas. Recordaron que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue instalado en 2014, pero hasta la fecha nunca ha sido convocado a sesión.
«No basta con aumentar el presupuesto, se necesita designar a personas capacitadas y con sensibilidad para atender a las víctimas», indicaron.
El comunicado de las familias concluyó con un llamado al gobierno de Sheinbaum para que se asesore adecuadamente sobre los mecanismos ya existentes en materia de desapariciones y para que establezca un verdadero diálogo con las víctimas.
«Este gobierno, como los anteriores, no ha mostrado un interés real en escucharnos. No sólo ejercemos nuestro derecho a expresarnos, sino también a participar en la búsqueda de nuestros familiares. La responsabilidad de encontrarlos sigue siendo del Estado», subrayaron.