Escrito en MÉXICO el
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este jueves con los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, representantes de México en las demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, para revisar avances y definir los siguientes pasos en los litigios abiertos en Boston, Massachusetts, y Tucson, Arizona.
Durante el encuentro, celebrado en la Cancillería y con la presencia del consultor jurídico Pablo Arrocha, los abogados informaron sobre el proceso judicial en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde el pasado 4 de marzo se llevó a cabo una audiencia histórica para exponer la demanda contra la industria armamentista. En paralelo, el caso en Tucson ha entrado en la fase de recolección y producción de evidencia.
De la Fuente reiteró el respaldo del gobierno de México a estas acciones legales, subrayando la importancia de frenar el tráfico ilícito de armas, una problemática que impacta directamente la seguridad del país. En este sentido, personal de la Consultoría Jurídica y el equipo legal mexicano han sostenido reuniones con autoridades federales y locales de Estados Unidos para fortalecer la etapa probatoria del litigio en Arizona.
El pasado 4 de marzo, Pablo Arrocha, tras presentarse ante la Suprema Corte de Estados Unidos por la audiencia sobre la demanda de México contra los fabricantes de armas, acusó a estas empresas de suministrar armas de fuego de alto poder a los cárteles de la droga de forma irresponsable.
Arrocha explicó en el posicionamiento de México difundido por la Cancillería que “las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como las AR-15, que no pueden ser adquiridas legalmente por civiles en México».
Agregó que «todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos”.
El representante mexicano ante la Suprema Corte estadounidense indicó que las armerías sólo piensan en el beneficio económico y no asumen su responsabilidad al armar a las organizaciones criminales que dañan y atacan a los ciudadanos de ambos paises.
Sentenció que “para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de armas de fuego”.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río con pleno conocimiento de causa”, aseveró.