Dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa recogieron este lunes en El Paso, Texas, a los primeros venezolanos deportados por el Gobierno de Donald Trump. La operación se concreta dos semanas después de que Nicolás Maduro se reuniera con el enviado especial Richard Grenell, cuando la bandera de Estados Unidos volvió a izarse al lado de la de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Trump ha cumplido sus amenazas. El propio Grenell ha supervisado el abordaje de los vuelos. “Hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez”, señaló la Casa Blanca en su mensaje con una fotografía del momento en que los deportados subían a los aviones.
No hay información precisa del número de personas que han sido deportadas ni de su estatus legal. En un comunicado, Venezuela informó que Estados Unidos le notificó que algunos de los que fueron embarcados en estos dos vuelos estarían involucrados en actividades delictivas o formarían parte del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano que Trump se ha propuesto extirpar de su país. Estos pasajeros serán sometidos a investigaciones en cuanto pisen el aeropuerto de Maiquetía, según el Gobierno de Maduro. Los aviones de Conviasa —sancionada durante la primera Administración de Donald Trump— tienen capacidad para 114 puestos, por lo que se calcula que al menos 220 venezolanos podrían llegar en esos vuelos. Como ha ocurrido en las últimas semanas con otras deportaciones de latinoamericanos, estas operaciones están llenas de opacidad por parte del Gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado a la ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en todo el país para realizar redadas y detener extranjeros sin documentos.
Maduro ha señalado este lunes que le pidió a Grenell el levantamiento global de todas las sanciones a cambio de la recepción de venezolanos deportados y ha insistido en que los venezolanos se han ido masivamente de su país a cauda de las sanciones, aunque el éxodo comenzó mucho antes. “Le dije al embajador Grenell que levanten todas las sanciones y les aseguramos que ningún venezolano más salga de Venezuela y que los que están allá regresarán”, dijo el líder chavista este lunes en su programa de televisión Con Maduro+. “Los migrantes que regresen a Venezuela recuperarán su derecho a rumbear”, bromeó.
Con las deportaciones, cada Gobierno también ha puesto a volar sus narrativas contradictorias. Trump avanza en su política antiinmigrantes, con especial foco en los venezolanos a los que ha relacionado con el crimen organizado. Por su parte, en el comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación de Venezuela se menciona que estas deportaciones son parte de la reanudación del Plan Vuelta a la Patria. Es decir, se realizan “para repatriar a miles de connacionales que migraron por causa de las sanciones económicas y las campañas de guerra psicológica contra el país”. Este programa se desplegó con intensidad a partir de la pandemia de covid-19, cuando la contracción económica en la región obligó a miles de migrantes a regresar a su país. No hay cifras claras de cuántos ha regresado, pero son casi ocho millones los que han salido del país sudamericano por la larga crisis venezolana, según varias estimaciones de Naciones Unidas.
Venezuela ofreció su cooperación en el ámbito policial y judicial para combatir al crimen organizado “y a los autores intelectuales y financistas de la red de coyotes que han dañado y estafado” a los migrantes. Este ofrecimiento se corresponde con las acusaciones, sin pruebas, que han hecho los altos jerarcas del chavismo de que la oposición venezolana está vinculada con estas organizaciones delictivas.
El Gobierno de Venezuela también acusó a la Administración Biden de sembrar una “narrativa falsa” para “estigmatizar y penalizar a los migrantes venezolanos” al relacionarlos con el Tren de Aragua. Esta tesis, sin embargo, es en realidad el principal argumento que ha usado Trump para ir contra programas como el TPS creado por Biden, que beneficiaba a 600.000 venezolanos y que ahora ha quedado sin efecto, por lo que la mitad de ese grupo quedará sin protección a partir de abril. Durante el Gobierno de los demócratas también se acordaron deportaciones y excarcelaciones de estadounidenses con Venezuela, a cambio de garantías democráticas para la oposición. Al incumplirse estas condiciones, el entendimiento entre ambos países se detuvo.
El cambio en la Casa Blanca ha permitido ahora a Venezuela renovar sus relaciones con Estados Unidos, al menos de forma transaccional. En el comunicado reiteran que mantienen su propuesta de “agenda cero” para entenderse con el presidente republicano. La visita de Grenell a Miraflores produjo resultados casi de forma inmediata. Seis estadounidenses fueron liberados y este lunes comienzan a aterrizar los primeros deportados. El chavismo casi se ha mimetizado con el trumpismo y ha celebrado con la misma efusividad que Elon Musk —hace unos meses archienemigo de Maduro, al punto de bloquear X en Venezuela— la suspensión de los fondos de la USAID, que ha financiado organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela. Han amplificado la narrativa de los republicanos sobre el uso de la cooperación internacional para fines indebidos.
Estados Unidos ha conseguido sus objetivos. No está claro que ha pedido Maduro a cambio, pero parece aguardar con cautela. A la incautación en República Dominicana de un avión usado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el chavismo dirigió con cuidado sus críticas contra el secretario de Estado Marco Rubio y no contra la Administración Trump. Con los últimos movimientos de Trump, Maduro ha obtenido el reconocimiento de su autoridad, pese a que Estados Unidos y otros países han dicho que no reconocen su reelección señalada de fraude. Aunque Trump ha dicho que no le interesa el petróleo venezolano, la renovación automática mensual de la licencia petrolera dada a Chevron, el principal motor que mueve la industria petrolera venezolana venida a menos tras años de corrupción y malos manejos, se produjo sin inconvenientes al tiempo que Grenell visitaba Caracas. En abril, cuando debería producirse una renovación de esta licencia por los próximos seis meses, se sabrá si una negociación petrolera está mediando las nuevas relaciones.